Admitámoslo, todos hemos utilizado alguna vez al pajarito como maniobra de distracción. Pongamos por caso, la criatura que se niega a comer, a ti que se te echa el tiempo encima y ya has utilizado todos los recursos conocidos para convencerla. Mira, mira, un pajarito, dices, señalando un punto indefinido. La criatura mira, abre la boca sorprendida, y ahí estás tú, rápida de reflejos metiendo la cuchara en la boca antes de que ella se percate del engaño.
Tal cual estamos en Madrid, mirando al pajarito. Que si comunismo, que si fascismo, que si libertad, que si los bares, que si los restaurantes, las terrazas, que si me han dicho, que si he dicho, que si voy, que si vengo. Todo, menos tratar de lo que hay que tratar en una campaña electoral, esto es, de donde viene y adonde va la Comunidad de Madrid, CAM.
Sabemos que Madrid viene de ser donde más ancianos han muerto en las residencias durante la pandemia, muchos de ellos sin recibir asistencia médica ni de ningún tipo, en condiciones miserables, cadáveres sin retirar durante días junto a personas enfermas o sanas. Un total de 7.690 ancianos muertos, el 18% del total de residentes en la Comunidad. Sucedió no por casualidad sino porque desde el gobierno autonómico se ordenó trasladar a hospital únicamente a quienes disponían de seguros privados. Que hasta para morir hay categorías en esta región.
Al margen de la pandemia, sabemos también que, siendo la Comunidad más rica, es la que menos invierte en sanidad en porcentaje del PIB, el 3,6%; en gasto por habitante ocupa el penúltimo lugar, solo por delante de Andalucía, con 1.274 euros por persona y año. Otra cosa que se sabe es que el gobierno de la Comunidad de Madrid favorece a la sanidad privada en detrimento de la pública, una de cuyas consecuencias es que con una población del 18,5% del total nacional, el 24,9% de las personas con seguro médico privado viven en esta región. No contrata médicos o lo hace con contratos basura de días o de horas, reduce a mínimos el mantenimiento de los centros de salud, no renueva la dotación técnica de hospitales, tampoco realiza obras de reparación de los edificios sanitarios. Así, paso a paso, la CAM está desmantelando el servicio público de salud en beneficio de la sanidad privada.
Sabemos que la situación en la enseñanza no es mucho mejor. Madrid es la que menos invierte por alumno -4.496 euros por alumno y año-, la que prima a la enseñanza concertada en detrimento de la pública, lo que se traduce en una gran desigualdad según el poder adquisitivo de las familias. Como en el caso de los médicos, no amplía la plantilla de profesores, no contrata profesionales de refuerzo, se trata de desmantelar la enseñanza pública.
En resumen, sabemos que la candidata Díaz Ayuso ha gobernado Madrid para los suyos, un segmento de población privilegiada a los que se permite todo, se les bajan impuestos, se les hacen concesiones legales y se les encomiendan servicios que antes se hacían con medios propios a un precio razonable y ahora se pagan a precio de oro con el dinero de todos los madrileños. Algunos ejemplos de ello se pueden encontrar en los servicios de limpieza o de catering del famoso hospital Isabel Zendal y en el propio hospital, proyectado y construido deprisa y corriendo, duplicando el presupuesto inicial, cuando existen hospitales infrautilizados. No se trata de casos aislados, esa es la norma.
Los impuestos de los madrileños lo pagan todo, incluso lo bienes privados de la presidenta, lo que nos conduce a un asunto que sería suficiente para poner en duda la probidad política de la susodicha. En 2011 la empresa pública Avalmadrid concedió un préstamo de 400.000 euros a una empresa del padre de Díaz Ayuso, préstamo avalado con distintas propiedades. Cuando la empresa quiebra la hoy candidata traspasó a favor de terceros y de ella misma los bienes familiares con el fin de eludir las obligaciones adquiridas con Avalmadrid. En sede parlamentaria la oposición le reprochó estas maniobras, a lo que ella respondió con el desparpajo que la caracteriza, ¿Qué pretenden, que viva debajo de un puente?
Casi por el mismo tiempo, en 2013, la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, del mismo partido que la candidata Díaz Ayuso y hoy procesado por corrupción, vendió 3.000 viviendas de protección oficial a un fondo buitre de Goldman Sachs por 210 millones de pesetas, operación que los tribunales han declarado nula. Empero, la presidenta se resiste a revertir la operación “por su complejidad”, se niega a ejecutar la sentencia y ha presentado un nuevo recurso. Después de haber calificado de mantenidos y subvencionados a quienes tienen que acudir a los comedores solidarios por haber perdido el trabajo, le ha faltado añadir que quienes perdieron sus viviendas pueden ocupar el puesto que ella dejó libre debajo del puente, al levantar el aval con la inapreciable ayuda de sus compañeros de partido.
De nada de eso se ha hablado en la campaña. La candidata, a la que los analistas más benévolos consideran de una vacuidad sonrojante, empeñada en medirse con el presidente del Gobierno que no está -o no debería estar- en campaña, ha conseguido situar el debate en el terreno que a ella le conviene: el de la descalificación y el insulto.
Ahí estamos, mirando al pajarito y tragándonos la papilla a cucharones hasta el próximo día 4, que será la votación. Si se confirman los augurios de las encuestas la digestión va a ser dura.