María Cristina de Borbón, la reina gobernadora

María Cristina me quiere gobernar / y yo le sigo, le sigo la corriente, / porque no quiero que diga la gente / que María Cristina me quiere gobernar. Así comienza la coplilla tantas veces repetida. ¿Quién es esa María Cristina que quiere gobernar? María Cristina de Borbón y de las Dos Sicilias, nieta de Carlos IV y esposa de su hijo Fernando VII. Para situarnos: era nieta de su suegro y sobrina de su marido. La copla le hace justicia. 

La infanta había nacido en Palermo el 27 de abril de 1806 y contrajo matrimonio con Fernando VII en Aranjuez el 11 de diciembre de 1829. Para el rey era su cuarto enlace. Como no había conseguido descendencia de los matrimonios anteriores huelga decir que la virtud más esperada de la nueva reina era la fecundidad. Precavido, tan pronto como la reina quedó embarazada Fernando promulgó la Pragmática Sanción, que contemplaba el reinado de la hija mayor si no había varón. En realidad la Pragmática se había aprobado en 1789, reinando Carlos IV, pero no había entrado en vigor. Cuando, meses después, la reina daba a luz una niña -la futura Isabel II- Carlos María Isidro, hermano del rey, comprende que había perdido su oportunidad de reinar y se niega a reconocer a la recién nacida princesa de Asturias. Fernando VII le ordena salir de España y Carlos se refugia en Portugal, desde donde intriga para liderar un partido que representaba lo más tradicional del reino: el carlismo.

Dos años después la pareja tuvo otra hija: la infanta Luisa Fernanda, popularmente conocida como La Chata. María Cristina, conocedora de las intrigas de su cuñado, se trabajó su papel de estadista, de manera que cuando el 29 de septiembre de 1833 murió Fernando VII Isabel II, que tenía tres años, fue proclamada reina pero en su testamento el rey nombraba a María Cristina regente del Reino hasta la mayoría legal de la niña. Las Cortes la confirmarían en 1836. Su regencia duró hasta 1840, tiempo durante el que España vivió cambios radicales y sucesos dramáticos.

La regente se dedicó a atender las necesidades sociales, entre las que se recuerda especialmente la ayuda que proporcionó a la costa de Huelva con ocasión de una epidemia de cólera que asoló la zona en 1834. En agradecimiento, la Real Isla de la Higuerita cambió su nombre por el de Isla Cristina.

El primer problema que hubo de enfrentar fue la guerra civil entre partidarios de Isabel II -llamados isabelinos o cristinos- y partidarios de Carlos -carlistas-, que empezó el mismo año 1833. Lo que se dilucida no es solo un pleito dinástico sino dos maneras de entender el Estado. Los carlistas defendían un régimen absolutista, no muy diferente del que defendía la reina pero la necesidad de proteger los intereses de su hija obligó a María Cristina a hacer concesiones a los liberales a cambio de su apoyo. Y ellos sí tenían una visión distinta del Estado.

Son estos los años del reformista Cea Bermúdez (1833), defensor de un despotismo ilustrado, que será sustituido por Francisco Martínez de la Rosa (1834); años en los que Javier de Burgos diseña la división provincial del país en 1833 y una nueva Administración Pública centralizadora; se suprime el monopolio de la actividad artesanal aglutinada por los gremios, que también se anulan, y se aprueba la libertad de industria y de comercio, se liberaliza de actividad ganadera; se aprueba el Estatuto Real, un intento de transición entre el antiguo régimen absolutista hacia una monarquía constitucional. En 1834 se aprueba un decreto sobre prensa e imprenta, que permitirá destacar a firmas como Larra o Mesonero Romanos.

Son los años también de la matanza de frailes en Madrid (1834), cuando se desata el rumor de que la epidemia de cólera que asola la ciudad ha sido causada por los frailes al haber envenenado los pozos de agua. Se asaltarán los conventos y se asesinarán a 73 frailes. Crímenes que pagarán las clases bajas del pueblo. Poco después se produce una nueva quema de conventos y matanza de frailes en Cataluña.

María Cristina de Borbón, Vicente López

Es el tiempo también del liberal Juan Álvarez de Mendizábal (1835) al frente del ministerio de Hacienda, que surpimió las pruebas de nobleza y la antaño poderosa Mesta; es el momento de la primera desamortización de los bienes de las órdenes religiosas para saldar la deuda pública y atender a las necesidades de la guerra carlista. La desamortización de Mendizábal legalizaba las exclaustraciones realizadas en los años anteriores, declaraba bienes nacionales las propiedades de los conventos y monasterios que habían sido suprimidos el año anterior por el conde de Toreno, quien cerró los establecimientos religiosos que tuvieran menos de doce profesos, que eran la mayoría. La desamortización no fue suficiente para saldar las deudas y provocó la ruptura de las relaciones entre la iglesia y el Estado. Buena parte del clero exclaustrado corrió a engrosar las filas carlistas.

En torno a Mendizábal se constituyó el Partido Progresista, que enseguida se manifestó dividido, iniciando una pauta que aún perdura entre los partidos de izquierda. En 1836 la reina gobernadora destituyó a Mendizábal, que fue sustituido por Francisco Javier Istúriz, de signo más moderado. Surgieron revueltas en Málaga, Cádiz, Granada, Sevilla, Zaragoza, Badajoz, Valencia, La Coruña. En la Granja de San Ildefonso, donde se encontraba María Cristina, se sublevó un grupo de sargentos y de la guardia real que obligó a la gobernadora a declarar en vigor la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno liberal presidido por José María Calatrava, con Mendizábal al frente de Hacienda. Era el finiquito del antiguo régimen. En julio de 1837 se suprimía el diezmo y un mes después, el régimen señorial.

Las Cortes aprobaron una nueva Constitución, promulgada en 1837, de corte progresista. Recogía la libertad de prensa sin censura previa, la milicia nacional o el jurado para los delitos de imprenta, con concesiones a los moderados: el bicameralismo -Congreso y Senado- y el reforzamiento de las prerrogativas de la Corona, incluida la facultad de veto a las leyes. Supuso un pacto entre los partidos que permitió la sucesión de liberales y conservadores durante décadas.

Cuando Calatrava cayó por una sublevación militar que reclamaba el pago de las soldadas, la reina gobernadora nombró a Eusebio Bardají, moderado, a quien siguió el conde de Ofalia, a este el duque de Frías y luego, Evaristo Pérez de Castro, que permaneció en el cargo año y medio, todo un record.

El agotamiento de los recursos y de la propia contienda llevaron a los carlistas moderados, encabezados por el general Maroto, a negociar un final honroso, frente a los radicales, que pretendían una derrota de los isabelinos. Maroto, a espaldas del aspirante Carlos, negoció con el general Espartero un acuerdo que se plasmaría en el llamado abrazo de Vergara, lugar donde se concluyó el pacto. A cambio de la rendición del ejército carlista Espartero se comprometía a defender ante las Cortes los fueros de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya y garantizaba la incorporación al ejército real a los oficiales carlistas que lo solicitaran.

El pacto no fue reconocido por Carlos, que cruzó la frontera el 14 de septiembre de 1839, ni por miles de carlistas que se refugiaron en Francia siguiendo a quien consideraban su rey. La primera guerra carlista concluyó con la derrota de los focos que proseguían la lucha en Levante.

El pacto entre progresistas y moderados se quebró cuando aquellos ganaron las elecciones de 1839 y el moderado Pérez de Castro se negó a dimitir. Con el apoyo de la reina gobernadora, disolvió las Cortes y convocó elecciones que dieron la victoria a los moderados. El nuevo gobierno presentó un proyecto de ley de ayuntamientos, aprobado luego por las Cortes, que recortando las competencias de estos pretendía socavar el apoyo de los progresistas, lo que acabó de enfrentar a los dos partidos mayoritarios. Los progresistas amenazaron con no acatar la ley y llamaron a Espartero, en la cima de su popularidad, para que evitara su entrada en vigor.

Maria Cristina ofreció la presidencia del Consejo de Ministros al militar quien puso como condición que la regente no firmara la ley de ayuntamientos. Ella la firmó el 15 de junio de 1840 para no dar la impresión de que se sometía a Espartero. Este respondió renunciando a todos sus títulos, condecoraciones y grados. Pérez de Castro también dimitió, sucediendo un tiempo de inestabilidad política y enfrentamiento social entre moderados y progresistas. En septiembre María Cristina se vio obligada a nombrar a Espartero presidente del gobierno, encomendándole que acabara con la marea revolucionaria que se extendía por el país. El general negoció con los rebeldes, consiguió calmar la situación, y el 12 de octubre presentó a la regente su programa de gobierno.

Espartero pretendía conseguir la renuncia de la gobernadora alegando que había perdido la confianza del pueblo por razones que ella bien conocía. María Cristina rechazó la propuesta del general, abandonó la regencia y encomendándole el cuidado de sus dos hijas, partió al exilio en Marsella, con el propósito de conspirar desde allí con más tranquilidad.

Al margen de que, como parece evidente, María Cristina quería gobernar -como reza la copla- más allá de lo que le correspondía constitucionalmente, ¿cuáles eran las razones sabidas por ella por las que había perdido la confianza del pueblo? Un auténtico escándalo que, por más que se hubiera querido ocultar, era harto conocido.

El 28 de diciembre de 1833, esto es, tres meses después de la muerte de Fernando VII, María Cristina se había casado con un sargento del servicio de palacio, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. El que el matrimonio se celebrara en secreto, oficiado por un amigo del novio recién ordenado sacerdote, no impidió que la noticia trascendiera. Entre otras razones porque la reina empezó a tener hijos con el nuevo esposo -cinco entre 1834 y 1840, ocho en total- y esa circunstancia era más difícil de ocultar por muy holgada que fuera la vestimenta de la época.

Tan pronto como María Cristina llegó a Marsella declaró que había renunciado contra su voluntad y se trasladó a Roma, donde el papa Gregorio XVI bendijo su matrimonio morganático. De allí fue a París, donde, además de dar a luz su sexto hijo, se dedicó a intrigar contra el gobierno de Espartero, con el respaldo financiero del conde de Luzárraga. En la corte, entretanto, la facción progresista, liderada por Espartero, y la moderada, encabezada por la marquesa de Santa Cruz, establecían un pugilato para ver quien influía más y mejor en la educación de la reina niña y de su hermana.

Baldomero Espartero ejerció la regencia desde octubre de 1840 hasta julio de 1843, cuando fue obligado a abandonar el cargo, que fue ejercido por el gobierno provisional hasta que las Cortes aprobaron el adelanto en un año de la mayoría de edad de la reina, que estaba previsto en los 14 años. El 10 de noviembre de 1843 Isabel II juraba la Constitución.

En febrero de 1844 María Cristina volvió a Madrid con la intención de seguir gobernando a través de su hija. La pareja Muñoz-Borbón dividió su tiempo entre el palacio de Rejas y la Quinta de la Muñoza, en El Pardo. El 12 de octubre de ese año la reina gobernadora y su marido celebraban matrimonio oficial con el consentimiento de Isabel II, quien, pese a ser contraria al marido, le concedió el ducado de Riánsares, grandeza de España y el Toisón de Oro y le ascendió a teniente general y senador vitalicio. Siete de los ocho hijos de la pareja recibieron sus correspondientes títulos nobiliarios: María de los Desamparados condesa de Vista Alegre; María de los Milagros, marquesa de Castillejo; Agustín María, duque de Tarancón, vizconde de Rostrollano y príncipe de Ecuador; Fernando, vizconde de la Alborada y conde de Casa Muñoz; María Cristina, marquesa de la Isabela y vizcondesa de la Dehesilla; Juan, conde del Recuerdo, vizconde de Villarrubio y duque de Montmorot; Antonio de Padua murió a los cinco años; José María, conde de Gracia y vizconde de la Arboleda.

En 1846, mientras la corte preparaba el matrimonio de Isabel con su primo Francisco de Asís, su madre, de acuerdo con el presidente de aquel país, maquinaba restaurar la monarquía en Ecuador para sentar en el trono a su hijo Agustín Muñoz y Borbón. El ambicioso plan prentendía extender la corona a Perú y Bolivia pero el intento fue descubierto y acabó en nada.

Más éxito tuvieron sus proyectos empresariales. María Cristina y su marido participaron en negocios vinculados con el comercio de la sal, el ferrocarril entonces naciente y el comercio de esclavos. El pueblo detestaba a la familia -apodada despectivamente la muñozada-. María Cristina fue obligada a abandonar el país en 1854, siéndole retirada la pensión vitalicia concedida por las Cortes. Solo volvió para la coronación de su nieto, Alfonso XII, con la prohibición de instalarse en el país.

María Cristina murió en el exilio, en la localidad francesa de Sainte Adresse, el 22 de agosto de 1878. A María Cristina de Borbón España reconocida, reza en la escultura en bronce obra de Mariano Benlliure erigida en su memoria frente al Casón del Buen Retiro y a un costado de la Academia de la Lengua; cerca de allí, en el museo del Prado, permanece en el retrato que le hizo Vicente López. Sus restos reposan en el panteón de los reyes de El Escorial. 

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